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Ayer, 23 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso del Proyecto de Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. Este anteproyecto busca garantizar la paridad en la política, la Administración y las empresas, así como en los órganos constitucionales y de relevancia constitucional.
Anteproyecto de Ley de paridad
La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incorpora el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. En esta línea, se desarrolla el Proyecto de Ley orgánica de representación paritaria, que además, cumple con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de garantizar a las mujeres y niñas «las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles».
Así, la nueva norma busca garantizar que ningún sexo tenga una presencia en los puestos de trabajo inferior al 40% , ampliando su alcance a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial. La ley, también traslada esta obligación al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros. Así, la nueva norma modifica la legislación electoral para las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.
En lo relacionado con el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos de cada ministerio deberán incorporar este principio en los próximos cinco años. Sumado a esto, la obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
Ámbitos de la sociedad civil
El anteproyecto de ley de paridad también incorpora la obligación de que determinados ámbitos de la sociedad civil, especialmente el empresarial, cumplan con el principio de que ningún sexo tenga una presencia en los puestos de trabajo inferior al 40%.
Dado que, actualmente, en España la presencia de mujeres en los consejo de administración de las sociedades cotizadas se sitúa en el 29,3% y su presencia en la alta dirección no llega al 22%, la nueva norma establece que aquellas entidades de interés público que cuenten con más de 250 trabajadores y una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros, deberán tener una composición acorde al principio de paridad. También en lo relacionado con la alta directiva.
Plazos de adaptación
Los plazos establecidos para la aplicación de la nueva ley se ha establecido en función de varios criterios. Así, para aquellas sociedades con mayor valor de capitalización bursátil se establece el plazo del 30 de junio del 2024. En el caso de las cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 500 millones de euros, el plazo es desde el 30 de junio de 2025. Para aquellas sociedades con menor capitalización bursátil, el plazo de aplicación se establece hasta finales de junio de 2026.
Para las empresas grandes no cotizadas, se establece que para finales de junio de 2026, deberán cumplir con el objetivo del 33% y para finales de junio del 2028 con el 40%.
La existencia de plazos diferenciados ocasiona que se proporcione un plazo adicional para la adaptación hasta el 30 de junio de 2026 en las juntas de gobierno de los consejos generales y los colegios profesionales.
El Observatorio de Igualdad y Empleo es una acción de divulgación que forma parte del proyecto DANA+, financiado por el Fondo Social Europeo- Programa Operativo de Inclusión Social y Economía.
